La Sentencia 864/2026 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de octubre de 2026, se ha leído como la sentencia que dice si la inteligencia artificial puede justificar un despido. Leída entera, no dice ni que sí ni que no: la Sala no se pronuncia sobre la IA. Esta pieza cuenta qué llegó a la Sala, qué resolvió y qué hay en el expediente que sí interesa a una organización que gobierna su IA.
El caso, en cinco fechas
Una empresa de videojuegos comunicó a su plantilla el 30 de octubre de 2024 que iba a plantear un expediente de regulación de empleo. El periodo de consultas, que empezó el 15 de noviembre de 2024 con trece personas afectadas, se cerró con acuerdo el 3 de diciembre de 2024. Las cartas de despido se notificaron el 5 de diciembre de 2024, con efectos del 16 de diciembre. La sentencia de instancia es de 12 de marzo de 2026, y la de suplicación, de 8 de octubre de 2026.
Dos trabajadoras demandaron juntas. Sus cartas no decían lo mismo.
Dos cartas distintas
La carta de la animadora 3D sí hablaba de IA. Justificaba la reorganización del equipo de arte en que las imágenes generadas por IA mejoraban la calidad visual y reducían el tiempo de trabajo por escena, y concluía que hacía falta un nuevo proceso de producción basado en el uso de la IA, con menos personas en el equipo de 3D.
La carta de la guionista no hablaba de IA. Reducía el equipo de diseño porque, en sus términos, «sólo es necesario un guionista dado que las historias que creamos cada vez son más cortas, sencillas», se desarrollaban muchos menos juegos nuevos y se dedicaba gran parte del tiempo a revisar juegos que ya tenían el guion definido.
La sentencia de instancia declaró procedente el despido de la animadora y improcedente el de la guionista. La de suplicación reproduce ese fallo, pero no por qué la instancia los distinguió, y aquí tampoco se afirma.
Qué llegó a la Sala
El recurso de suplicación lo formuló, en palabras de la sentencia, «únicamente» la guionista. Pedía que su despido se declarase nulo, no solo improcedente, con una indemnización por daños morales. Para ello pidió revisar dos hechos probados y alegó tres infracciones: falta de buena fe en el periodo de consultas, actuación fraudulenta de la comisión que negoció por la plantilla y vulneración de la garantía de indemnidad, por una demanda que había presentado meses antes contra la empresa.
El despido de la animadora, el que invocaba la IA, no se recurrió. Ninguna de las cuestiones que la Sala tenía delante era si la IA podía justificar un despido.
Qué resolvió la Sala
Rechazó la revisión de los hechos, porque los documentos que se invocaban no servían para ello o eran los mismos que ya se habían valorado en instancia. Rechazó la falta de buena fe, porque hubo propuestas y contrapropuestas y un acuerdo. Rechazó el fraude de la comisión, porque se apoyaba en hechos que no constaban probados, y porque el acuerdo se alcanzó con una propuesta de la propia representación de la plantilla, validada por los trabajadores. Y rechazó la vulneración de la garantía de indemnidad, porque entre la demanda de la trabajadora y el expediente habían pasado nueve meses y la empresa justificó por qué conservaba a otro guionista.
Desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia entera: el despido de la guionista sigue siendo improcedente, no nulo. Contra la sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, así que no es firme a 6 de noviembre de 2026.
Por qué circula otra versión
Porque la IA está en la sentencia, aunque no en lo que la Sala decide: aparece en los hechos probados de la instancia, que la de suplicación transcribe, y en la carta que nadie recurrió. Un resumen que pase de la carta de la animadora al fallo de la Sala une dos cosas que en el texto están separadas. Antes de citar una sentencia, conviene leer qué se le pidió.
Lo que sí interesa a quien gobierna su IA
Las causas del despido colectivo se valoraron con documentos fechados. Según los hechos probados de la instancia, constaban las cuentas anuales de 2023 y 2024, con pérdidas en 2024; un informe pericial sobre la situación financiera; la comunicación de insolvencia presentada ante el Juzgado de lo Mercantil el 29 de octubre de 2024; y el informe de la Inspección de Trabajo de 2 de febrero de 2025, que concluía que existían las causas económicas, organizativas y productivas alegadas.
La decisión de usar herramientas de IA no se probó con un documento. El hecho probado que la recoge —que la empresa decidió usarlas para mejorar la calidad visual y reducir el tiempo de las tareas de diseño— remite al interrogatorio de un testigo, el responsable del equipo de diseño.
Eso no cambió el resultado de este caso, y no se puede saber si lo habría cambiado en otro. Pero describe un hueco que una organización puede cerrar sin esperar a ningún pleito: que la adopción de una herramienta de IA deje rastro escrito y fechado. Qué herramienta, desde cuándo, para qué tarea, qué cambia en el proceso y quién lo decidió. Es lo mismo que pide un inventario de sistemas de IA bien llevado, y lo que distingue una evidencia de una casilla marcada.
Si la herramienta decide o ayuda a decidir sobre las personas de la plantilla, ese mismo registro alimenta la información que ya exigen el art. 64.4.d) del Estatuto de los Trabajadores a la representación legal y el Real Decreto 723/2026 a cada persona trabajadora. La herramienta de este caso generaba imágenes, y la sentencia no dice nada sobre esas obligaciones.
Lo que esta pieza no trata
Si un despido por la adopción de IA es procedente o no. Es una cuestión de derecho laboral que depende de cada caso, y Alethexis no asesora en derecho laboral.
El art. 22 del RGPD y el Reglamento (UE) 2024/1689. La sentencia no los menciona.
La guía completa para ordenar el inventario, los responsables y las evidencias: la guía de gobernanza de IA para pymes.
Contenido con arreglo a la Sentencia 864/2026, de 8 de octubre, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Roj: STSJ M 12114/2026), no firme a 6 de noviembre de 2026.
Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico.